El 27 de febero publicabamos una noticia en la cual se informó acerca de la exigencia que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, realizó al Gobierno con el ánimo de impedir el acoso a las mujeres que acuden a abortar, y garantizar su integridad física y libre circulación. Grupos antiabortistas intentan presionar a estas mujeres a las puertas de las clínicas al grito de “asesinas” para que no lleven adelante su decisión y el Defensor del Pueblo entiende que habría que proteger a estas mujeres.
El Secretario General del Defensor del Pueblo y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, José Manuel Sánchez Saudinós, nos atiende para resolvernos unas dudas que nos han ido surgiendo al respecto durante este tiempo.
– ¿Qué opinión le merece la figura del Defensor del Pueblo en cuestiones como esta en la que el derecho a la libre expresión de aquellas mujeres que desean manifestar su discurso antiabortista podría colisionar con el derecho a la intimidad de las que acuden a clínicas a abortar?
El Defensor del Pueblo ha reclamado a la Administración un tratamiento global y preventivo que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales concurrentes, sea cual sea la posición de los ciudadanos en una sociedad real y constitucionalmente pluralista.
– ¿Considera que la creación de un tipo penal específico para resolver este tipo de situaciones, siguiendo el modelo francés que lo posee desde 2017, podría ser una solución a tener en cuenta?
En la tramitación de esta queja, que se refería a la actuación policial ante las denuncias presentadas contra las acciones de personas que se oponen a la actividad desarrollada en las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la Institución no ha entrado a valorar si hay que reformar o no el Código Penal en esta materia.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo sí cree conveniente que se establezcan “espacios seguros” alrededor de las clínicas, tal y como propone ACAI, pues considera que dicho planteamiento permite el ejercicio en el espacio público de todos los derechos fundamentales en juego, igualmente atendibles.
– ¿Desde cuándo recibe el Defensor del Pueblo este tipo de quejas por parte de asociaciones como la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI)?
El Defensor del Pueblo recibió la queja de ACAI en febrero del año pasado. Esta organización denunciaba el acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba numerosos casos de hostigamiento en toda España. Tras estudiar su contenido y ver que entraba dentro de las competencias de la Institución, se procedió a admitir la queja a trámite y se solicitó información a la Dirección General de la Policía.
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