El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que garantice los derechos fundamentales de las mujeres que acuden a abortar

Colectivos antiabortistas hostigan a mujeres a las puertar de las clínicas a donde acuden a interrumpir su embarazo

Un grupo de antiabortistas a las puertas de la clínica Dator, Madrid, primer centro privado con permiso para realizar interrupciones de embarazo en España.

Este lunes, el Defensor del Pueblo ha exigido al Ministerio del Interior que se impida el acoso a las mujeres que van a abortar y que se garantice su integridad física y libre circulación. Grupos antiabortistas intentan presionar a estas mujeres a las puertas de las clínicas al grito de “asesinas” para que no lleven adelante su decisión. A pesar de que en algunas ocasiones estas mujeres son derivadas desde el sistema público a clínicas privadas, fuentes de la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid advierten que desde el Ejecutivo regional no poseen las competencias suficientes para actuar, pues la entrada a los centros médicos forma parte del espacio público.

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, ha aconsejado a la Dirección General de Policía que garantice los derechos de intimidad de aquellas mujeres que asisten a las clínicas para interrumpir su embarazo. Esta recomendación se suma a la ya realizada por la misma institución el año pasado tras recibir quejas de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que desde hace ya tiempo informan de estos episodios a las autoridades.

No es suficiente

Desde la Plataforma Pro-Derechos han celebrado el respaldo recibido por el Defensor del Pueblo, sin embargo, apuntan que no es suficiente: “Conocemos las limitaciones que tiene la propia institución, pero lo solicitado por la plataforma no es solo zonas de seguridad, ese es un mínimo. Siempre hemos trasladado un cambio de legislación”, señala la portavoz, Sonia Llamas. “Deseamos que esta institución inste a los grupos políticos parlamentarios a legislar para que se termine con la vulneración del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que tienen las mujeres”, añade.

La Plataforma Pro-Derechos pide la creación de un tipo penal específico para resolver este tipo de situaciones, siguiendo el modelo francés que lo posee desde 2017. Según cálculos de ACAI, más de 8.000 mujeres han padecido este acoso desde que en 2010 se aprobara la ley de plazos.

Desciende el número de abortos en la Comunidad de Madrid

Los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad apuntan que en 2018 abortaron 18.914 mujeres, un 9,7 % menos que el año anterior. En el mismo informe se muestra que a la preocupación, angustia e incertidumbre que provoca el tomar una decisión así, se le suma la presión y el acoso de quienes quieren decidir por ellas.

El Secretario General del Defensor del pueblo nos concede una breve entrevista. Si desea visualizarla pinche aquí.